En un país asfixiado por la narcoinflación y la narcogentrificación, el silencio se ha vuelto norma. Aquellos que en otros tiempos alzaban la voz contra los abusos del poder —en los gobiernos del PRI o del PAN— hoy permanecen inmóviles, convertidos en momias silenciosas que callan a cambio de tres mil pesos mensuales de los mal llamados programas sociales del bienestar. Lo que antes era indignación colectiva, hoy se ha diluido en una simulación de justicia social que anestesia la pobreza sin combatirla y compra la obediencia disfrazándola de asistencia.
Esta pasividad comprada erosiona el tejido democrático y convierte a los más vulnerables en rehenes económicos de un sistema donde el narco y el Estado operan en paralelo. La disidencia ha sido desmovilizada, no con represión, sino con una limosna sistemática que normaliza la violencia estructural y perpetúa la desigualdad. Así, el proyecto nacional se desmorona entre el clientelismo y el crimen, y quienes ayer denunciaban la corrupción hoy aplauden la opacidad, o peor aún, prefieren no mirar.
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